Vecinos del Cabanyal alertan del aumento de alquileres ilegales en la zona paralizada

Residentes partidarios de la prolongación de Blasco Ibáñez reclaman el tapiado de las casas abandonadas para evitar ocupaciones masivas

NOTICIA DE PACO MORENO01/09/2014
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Vecinos del Cabanyal alertan del aumento de alquileres ilegales en la zona paralizada

La Avenida Blasco Ibáñez, a su llegada al Cabanyal. LP

Más control de los alquileres ilegales y el tabicado de todos los edificios abandonados y a la espera de derribo. Esa es la receta que propuso ayer aplicar a la zona más degradada del Cabanyal la plataforma Sí Volem, partidaria del proyecto municipal ahora en periodo de reanudación de las obras.

El gran problema con el que se han encontrado los vecinos desde la paralización de las obras, allá por abril de 2010, ha sido el de la ocupación ilegal de inmuebles. A esto se le añade, indicaron fuentes de la entidad, la proliferación de alquileres ilegales. Este fenómeno está contribuyendo a acelerar el mal estado de la zona, además de provocar la inseguridad ciudadana. «Alquilan plantas bajas, sin agua ni luz. Se mete un montón de gente y nadie hace nada por evitarlo. La policía pasa de vez en cuando y mira papeles, pero todos tienen permiso de residencia».

La calle San Pedro y la calle de los Ángeles son lugares donde se reúnen estos dos problemas, citan como ejemplo. Precisamente es la zona donde el gobierno municipal pretende reanudar las obras, tras el modificado del plan aprobado el pasado julio y que estará en periodo de alegaciones hasta el próximo día 22.

«El tabicado de todas las puertas y ventanas es fundamental hasta que se apruebe el plan», indicaron. El ayuntamiento, a través de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar, es propietario de medio millar de propiedades en todo el barrio, aunque antes de la paralización centró sus recursos en la calle San Pedro, al estar fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Una de las consecuencias de las ocupaciones ilegales y el aumento de los alquileres ilegales es la acumulación de residuos en los solares y en las calles. «Estamos preocupados porque todo esto lleva a que acuda gente a vender metales robados, incluso propicia la venta de droga», añadieron.

El conflicto entra hasta finales de año en un momento decisivo. Hasta el día 22, la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, contraria a la prolongación, iniciará una campaña nacional de recogida de alegaciones, con el propósito de inundar de escritos el ayuntamiento, como ya ocurrió a finales de los años 90 con el plan original.

Otra cuestión será cuántas alegaciones corresponderán a vecinos del Cabanyal. En las últimas elecciones municipales, la candidatura de Rita Barberá volvió a ganar en todas las urnas de la zona afectada por la prolongación y el plan urbanístico.

Informe ministerial

El estudio de las alegaciones irá seguido de los cambios que se consideren, tras lo que pasará a la Conselleria de Territorio para su aprobación definitiva. Además, el Ministerio de Cultura debe emitir un informe de expertos independientes sobre la propuesta, aunque en las negociaciones previas quedó claro que no será vinculante.

Y, en el horizonte, la incógnita de saber si antes de las próximas elecciones se retomarán los derribos y el inicio de la construcción de viviendas para realojos. «No sabemos nada de cuándo empezarán, pero lo importante es frenar las ocupaciones ilegales hasta entonces», subrayan desde la plataforma Sí Volem.

Además, la paralización de licencias ha supuesto también el freno a las licencias privadas. Una circular remitida a los servicios municipales implicados hace cuatro años dejó claro que sólo se aprobarían aquellas intervenciones destinadas a mantener la seguridad de los inmuebles, como el saneado de las fachadas, la colocación de redes, andamios y otras obras del mismo tipo.

El portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, denunció la semana pasada que el ayuntamiento ha tenido que aprobar este año dos obras de urgencia a la contrata, una en la calle San Pedro y otra en la calle Progreso. Reformas de poca cuantía económica, aunque es un ejemplo más del abandono de los inmuebles.

Los datos contabilizados por la oposición recogen unas 30 propuestas privadas guardadas en un cajón, a la espera de que se levante la suspensión. Desde la reforma de una planta baja para una frutería hasta el proyecto financiado por el ayuntamiento para rehabilitar la sede de una sociedad musical.

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